¿Quién es el funcionario o la funcionaria a quien Velázquez pudo haber ofrecido soborno para que deje de investigarlo? ¿Y que caso específico sería? Son las interrogantes que saltan al tapete tras la designación leída por el embajador Marc Ostfield.

La primera pesquisa a Velázquez, que sigue abierta, tiene un inicio en el año 2018. Y hace mención a hechos de presunto lavado de dinero por 1.200 millones de dólares, negocios que conectaron con elementos del Hezbolá, calificado como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

La Fiscal General Sandra Quiñonez, a la apertura de aquel expediente, había señalado la gravedad de la denuncia, y su correspondiente abordaje por parte del Ministerio Público. El aparente envío al freezer de este caso, fue “descongelado” este viernes, cuando el embajador Ostfield dijo que el vicepresidente participó de actos de corrupción, valiéndose de su cargo público.

La otra investigación que aún sigue abierta sobre Velázquez, es en torno al acta entreguista de Itaipú, en la que el vicepresidente de la República tuvo un papel protagónico en el proceso de firma del acta que iba a perjudicar significativamente a nuestro país.

El dato resaltante de esto, es que era investigado por el entonces fiscal Marcelo Pecci, asesinado recientemente en Colombia.

EL extinto fiscal Pecci había requisado los celulares de Hugo Velázquez, y tuvo seis horas de audiencia con éste, en un intento por dilucidar la trama secreta que se tejió respecto al acta de Itaipú, escándalo que estuvo a punto de tumbar al gobierno de Mario Abdo Benitez.

¿Cual de los dos expedientes fue el que finalmente sirvió de base para la calificación al número dos del Ejecutivo?

La respuesta podría surgir por el lado de la fiscalía, en donde los investigadores habrían ido sumando elementos que dieron pie al Departamento de Estado para, calificar al segundo de Mario Abdo, por un lado, y aplaudir la labor del Ministerio Público, por el otro.

La agente fiscal Mercedes Caniza, de la Unidad Zonal de Luque, solicitó nuevamente la búsqueda de los familiares de Nicasio Antonio Jara Ramos, con cédula de identidad n.⁰1.343.205.

El mismo falleció tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito en la jurisdicción de la comisaría 18 Central, de la ciudad de Areguá. El cuerpo del mismo permanece en la Morgue Judicial.

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El pedido se hace considerando que la cámara frigorífica de la Morgue Judicial tiene una capacidad limitada para el resguardo de evidencias actualmente está colapsada.

En este caso ya transcurrieron los 10 días de depósito, con eventual riesgo para la salud de las personas que acuden a esta dependencia, por lo que se solicita nuevamente que familiares del hombre se acerquen para la entrega del cuerpo.

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Ante cualquier información, favor comunicarse al +595 981 507598 de la morgue.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

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Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.